En estas últimas semanas han tenido lugar los trabajos legislativos para la creación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Advertimos está en juego un importante cambio legislativo que impactará no sólo la forma de hacer y decir la justicia civil y familiar a lo largo de nuestro país, sino la posibilidad de una ansiada pacificación familiar y social.
Agradezco a la asociación civil Iniciativa NNA, la oportunidad de expresarnos en torno a los importantes temas que inciden en la vida familiar y particularmente en la vida de niñas, niños y adolescentes.
En esta ocasión, de manera sucinta les compartiré la ruta crítica para pretender llegar a la meta de creación del citado Código Nacional Procedimental Civil y Familiar, pues en dicha senda hay varios elementos que son materia de análisis en los foros respectivos.
La herramienta metodológica denominada “Diálogos por la justicia cotidiana” celebrados en nuestro país a partir del mes de noviembre del año dos mil quince y coordinados por el Centro de Investigaciones y Docencia Económica así como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, diagnosticaron entre otras cosas, que ante los ojos de la ciudadanía el sistema de justicia civil y familiar es lento, incierto, discriminatorio, complicado y costoso. Además, que las cargas de los tribunales significaban un 35% de litigios en materia familiar y 30% en materia civil y 13% en materia penal.
Una de las soluciones propuestas por los especialistas fue homologar en todo el territorio nacional la legislación procesal civil y familiar mediante una reforma al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, facultando al Congreso de la Unión para expedir un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Dicha reforma se publicó en el diario oficial de la federación el día quince de septiembre de dos mil diecisiete, otorgando al Congreso de la Unión un plazo de ciento ochenta días para la expedición del referido Código Nacional, sin que así aconteciera.
El once de abril de dos mil dieciocho, una asociación civil de abogados, promovió juicio de amparo indirecto en contra de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores por su omisión legislativa. Mediante amparo en revisión 265/2020, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Congreso de la Unión debía cumplir con la obligación de expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar antes del quince de diciembre de dos mil veintiuno y recientemente les fue concedida prórroga que vence el mes de diciembre de dos mil veintidós.
A partir del mes de junio del presente año, se reiniciaron los foros organizados por las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión para el estudio de los proyectos de iniciativa del código nacional de procedimientos civiles y familiares. Existen al menos dos proyectos ya elaborados.
En dichos foros ya se han expresado de modo importante diversos Juristas, operadores judiciales y académicos, cuyas opiniones dan cuenta de la compleja labor que implicará arribar a un buen trabajo legislativo y de lo cual en su oportunidad daremos cuenta en este mismo espacio.
Lic. Octavio Eduardo González Domínguez
Colaborador voluntario de Iniciativa NNA A.C.